El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, calificó de incongruente la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) al conceder una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que le permite sesionar solo con los cuatro comisionados que tiene actualmente.
Pero el gobernador veracruzano olvida que los legisladores morenistas y sus aliados fueron quienes obstaculizaron la asignación de los comisionados del INAI para tener quórum, lo que ha impedido que tenga quorum, al impedir en repetidas ocasiones que el asunto se resuelva; por ejemplo, han contado en contra de aspirantes propuestos o han rechazado que el tema se discuta de forma urgente.
Incluso se filtró un audio donde el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a legisladores de Morena la instrucción de no nombrar a comisionados del INAI por orden del presidente.
La decisión de la Corte fue una medida extraordinaria y se otorgó en tanto no se asignen a los nuevos comisionados, pues desde el 1 de abril de 2023 el INAI no pudo sesionar —necesita por lo menos cinco comisionados—, afectando el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales de la ciudadanía mexicana.
El mandatario veracruzano también compara está decisión de la Suprema Corte con la tomada por el “Plan B”, alegando que en ambos casos se violaron los procedimientos de las sesiones y en el caso del INAI le avala.
Pero se trata de dos cosas distintas. En el caso del Plan B se determinó que las reformas electorales impulsadas por el presidente y Morena eran inconstitucionales porque su aprobación se dio violando el proceso legislativo planteado en la Constitución, pues existieron diversas irregularidades como la sustitución de iniciativas que estaban en discusión, cambios a artículos aprobados y la falta de justificación para que fuera discutido de manera urgente.
Mientras que en el caso del INAI la autoridad violatoria a los procedimientos fue el propio Senado de la República, al no cumplir con sus responsabilidades legislativas, que implican el respeto a los procedimiento establecidos. Por ello, se permitió al INAI sesionar con menos comisionados, como una medida para evitar la continúa violación del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales.
El Senado de la República no ha concretado tres nombramientos pendientes. Dos designaciones están rezagadas desde 2022.
En marzo de este año, el Senado eligió a dos comisionados: Yadira Alarcón y Rafael Luna; ella tuvo altas calificaciones y él no, por lo que su designación fue criticada por organizaciones civiles. Entonces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetó esta elección aunque excedió el plazo máximo permitido para tomar la decisión.
Por todo lo anterior, la Suprema Corte determinó que las autoridades correspondientes fueron omisas en sus responsabilidades legislativas.
La SCJN tuvo que seguir el proceso y retomó la discusión de un recurso de reclamación dentro de la controversia constitucional del INAI, donde pedía sesionar con la asistencia solo de las cuatro personas comisionadas actuales en lo que se resolvía las nuevas asignaciones.
La Suprema Corte aprobó la petición, pero lo calificó de una medida extraordinaria en tanto no se instalen los nuevos comisionados. La medida se da por la ‘parálisis’ del Instituto, pues por lo menos hay 8 mil recursos de revisión sin resolver debido a que no han podido sesionar los comisionados.
Por el caso, una jueza federal exigió al Senado de la República plantear una fecha este próximo septiembre para determinar la designación de dos de los comisionados pendientes del INAI.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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