Durante este año son ya 11 gobernadores y funcionarios municipales de Morena denunciados ante el Instituto Nacional Electoral por presunta utilización indebida de recursos públicos y/o vulneración al principio de imparcialidad, al participar en eventos o hacer proselitismo a favor de los aspirantes del partido guinda a la candidatura presidencial de 2024.
En una revisión en la base de datos de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral se ubicó que hasta ahora no han procedido las medidas cautelares solicitadas, por distintos motivos, aunque existe evidencia documental de los distintos actos de promoción.
Esto, mientras en el artículo 134 de la Constitución, párrafo 7, se establece que “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Además de estos hechos, denunciados ante la autoridad electoral, El Sabueso ubicó otra serie de momentos en que alcaldes, gobernadoras y gobernadores han intervenido para respaldar a alguno de los aspirantes, violando así además el acuerdo interno de Morena de no inmiscuirse durante los recorridos que comenzaron el 19 de junio.
El pasado 25 de julio, una asamblea informativa de Claudia Sheinbaum en Ecatepec se llevó a cabo con apoyo del gobierno municipal. Animal Político reportó que vehículos oficiales del ayuntamiento gobernado por el morenista Luis Fernando Vilchis Contreras fueron utilizados para transportar decenas de paquetes de botellas de agua. También se ha acreditado el apoyo de alcaldes morenistas de la Ciudad de México a la ex jefa de Gobierno, en Gustavo A Madero, Iztapalapa, Xochimilco e Iztacalco.
También mostró su apoyo a Sheinbaum el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez. El 26 de junio, en su mañanera 91 (minuto 1:15:20), anunció que “es el tiempo de las mujeres”, seguido de una felicitación a la exjefa de gobierno por su cumpleaños.
El hijo de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, repartió despensas con la imagen de Sheinbaum en el Municipio de Palmillas el 9 de julio. A pesar de que no estuvo presente el gobernador, su hijo declaró: “reciban un caluroso saludo de nuestro gobernador, de su señora esposa, y que sepan que seguiremos trabajando”, mientras que sostenía una bolsa con la leyenda “#EsClaudia” y con la imágen del perfil de la aspirante de Morena.
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En el caso de Layda Sansores, gobernadora de Campeche que ha declarado su respaldo a Sheinbaum, recientemente criticó a Marcelo Ebrard y a su plan de seguridad; incluso, lo calificó como un acto de “deslealtad”. Esto el 18 de julio en su programa “Martes del Jaguar”.
En otra muestra de apoyo indirecto, en la asamblea de Sheinbaum en Chilpancingo estuvieron presentes y a cargo de la organización el esposo y la hermana de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, según reportó El Sol de Acapulco.
Por otra parte, varios alcaldes de Tlaxcala asistieron el 13 de julio a la asamblea informativa de Adán Augusto López en la capital de la entidad. Entre los presentes se encontraban los alcaldes: Eddy Roldán de Contla de Juan Cuamatzi, Hilario Padilla de San José Teacalco, David Martínez del Razo de Santa Cruz Tlaxcala y Óscar Portillo de Santa Apolonia Teacalco.
En este listado de hechos destacan los casos de promoción a favor de Sheinbaum, aunque ante el INE también ha sido denunciada la intervención y apoyo para el resto de aspirantes.
A Layda Sansores, gobernadora de Campeche, se le acusó el 14 de julio ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por compartir un tuit de Sheinbaum durante su actual recorrido por el país.
En el caso de Geraldine Ponce, se le acusó como alcaldesa de Tepic, Nayarit, por la celebración de los eventos denominados “Asamblea Informativa” y “Para que siga la TRANSFORMACIÓN”, el 19 de febrero. A la postre Ponce dejó su puesto para apoyar el proyecto de la aspirante presidencial.
Juan Guzmán Cabrera, presidente municipal de Huimilpan, Querétaro, y Santiago Villareal de León, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal de ese municipio fueron denunciados por la presunta entrega de costales de maíz en un evento del 28 de enero de este año, en el que Sheinbaum impartió un plática a distancia.
Por la realización de un evento presuntamente proselitista, el 26 de febrero, en favor del exsecretario de Relaciones Exteriores, fueron denunciados José Antonio García, regidor de Acatzingo, y Antonio Heredia Martínez, regidor de Nezahualcóyotl.
En cuanto a simpatías en favor de Adán Augusto López, se denunció por supuestos actos de respaldo a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz y a Netzahualcóyotl Jauregui, secretario del Bienestar del gobierno de Baja California. Estos incidentes tuvieron lugar el 12 de enero y el 1 de abril, respectivamente.
Por presuntas declaraciones públicas en favor de Adán Augusto, también se denunció a Marina del Pilar Avila Olmeda, Gobernadora de Baja California, quien “expresó su reconocimiento y agrado con el trabajo realizado por el denunciado” el 30 de enero.
Por declaraciones en un evento del 15 de febrero fueron denunciados Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora y Carlos Javier Lamarque Cano, Presidente Municipal de Cajeme. Además, el primero también fue denunciado por tuits apoyando al exsecretario de gobernación.
Antes del anuncio de Morena sobre las reglas y los lineamientos, algunos gobernadores habían utilizado Twitter para expresar su apoyo a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, después de la publicación del acuerdo de Morena, borraron sus publicaciones.
Los gobernadores que manifestaron su apoyo a la aspirante fueron Evelyn Salgado de Guerrero, Layda Sansores de Campeche, Mara Lezama de Quintana Roo, Salomón Jara de Oaxaca, Américo Villarreal de Tamaulipas e Indira Vizcaíno de Colima.
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Asimismo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, se expresaron en Twitter a favor de la exjefa de gobierno. Pero, al contrario de los gobernadores, ellas no borraron sus tuits.
En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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