Como un vuelo fantasma.
La Secretaría de Gobernación, Sedena y la Guardia Nacional niegan tener registros que confirmen cómo y con quién viajó Adán Augusto López en enero pasado a Ciudad Juárez, el día en que se llevó a cabo ahí el informe de actividades de la diputada morenista Andrea Chávez y se acusó en redes sociales que sus familiares habían sido trasladados en un avión militar.
La plataforma de rastreo de vuelos FlightAware muestra el dato de que el 28 de enero, día del informe de Chávez, la aeronave de la Guardia Nacional con matrícula XC-PFM -que coincide con la de un avión de la Policía Federal que el gobierno de López Obrador dijo que pondría a la venta- se desplazó a la ciudad fronteriza por la mañana y regresó la misma noche.
Es la misma aeronave que en abril de 2022 trasladó a Adán Augusto a estados del norte del país, para promover la participación en la consulta de revocación de mandato, como confirmaron fotografías.
Chávez negó las acusaciones sobre el traslado de su familia en un video, aseguró que ellos se trasladaron en un taxi aéreo y que fue el entonces secretario de Gobernación quien usó un avión de Sedena.
Sin embargo, el Ejército respondió vía transparencia a Animal Político que no tiene registrado ningún vuelo de funcionarios en el periodo en que ocurrió el informe de Chávez, ni alguno en específico de Adán Augusto.
En tanto la Secretaría de Gobernación, cuestionada vía Transparencia, dijo no tener registro documental alguno de cómo viajó entonces su titular a Juárez, donde Adán Augusto también participó en una cumbre fronteriza de alcaldes, ni de otros traslados realizados durante enero.
Respecto a la Guardia Nacional, ante múltiples solicitudes de las bitácoras de vuelo de distintas aeronaves -como la ya mencionada de matrícula XC-PFM-, la respuesta de esa institución ha sido que no registra los nombres de las personas que viajan en ellas.
Solo la cantidad de personas “por cuestiones de peso y balance”.
Se pidió un comentario a Chávez sobre las respuestas del Ejército, pero hasta la fecha de la publicación del texto no había respondido.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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