Al inicio de 2022, el abasto de medicinas cayó a su peor nivel en seis años; subió escasez en fármacos para salud mental
En el primer cuatrimestre de 2022, se reportó el nivel más bajo de surtimiento de medicamentos en el sector público en los últimos seis años, de acuerdo con los datos recabados por el colectivo Cero Desabasto, con base en la plataforma Indicas de la Secretaría de Salud.
Adicional a ello, en los primeros 10 meses de ese año, se negaron o surtieron incompletos más de 11 millones de recetas, de acuerdo con lo documentado por la red de organizaciones, lo cual representa una mejora respecto de 2021 —el peor año completo en términos de abastecimiento—, pero está muy por encima del millón y medio de recetas mal surtidas en 2017 y 2018.
Otro fenómeno, destaca Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, es el viraje respecto de las enfermedades principalmente asociadas a la falta de medicamentos, de acuerdo con los reportes de desabasto que recibe el colectivo: mientras en años anteriores el cáncer se mantuvo como la principal, en 2022 se asociaron en mayor medida a la salud mental.
Además, sigue existiendo una diferencia importante entre el desabasto en zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de Indicas, en sectores urbanos, los niveles más bajos de abastecimiento en el último cuatrimestre de 2022 —por debajo del 50%— se reportaron en Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Colima.
En sectores rurales, los más bajos se ubicaron en Aguascalientes y Chihuahua. Si bien en el IMSS hay más homogeneidad respecto de estados y regiones del país, en las unidades que dependen de la Secretaría de Salud existe un mayor contraste de desabasto por entidades.
“Por un lado, tenemos datos de los indicadores del Indicas, que son estos indicadores de la Secretaría de Salud donde se reporta el surtimiento completo de medicamentos en unidades de primer nivel tanto urbanas como rurales, y vemos que el primer cuatrimestre de 2022 reportaron el nivel más bajo de surtimiento de los últimos seis años; para el segundo cuatrimestre mejoró, pero para el último cuatrimestre volvió a bajar; entonces, no podríamos decir que este tema se está resolviendo”, señaló Castañeda.
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Además de los indicadores e información generada por el sector salud, Cero Desabasto cuenta con una plataforma para reportar casos individuales de manera directa. De acuerdo con las estadísticas que ahí se generan, en todas las instituciones el año donde más se denunció falta de medicamentos fue 2021, cuando sumaron 3 mil 706 reportes, seguido por 2020 con 2 mil 805 y 2022, cuando ascendieron a mil 460.
De esos reportes entre 2019 y 2022, la mayor parte estuvo principalmente asociada a cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial y postrasplante. Castañeda detalló que las reumatológicas y neurológicas también han generado un número importante de reportes, aunque el cáncer sigue ocupando un lugar preponderante.
Sin embargo, durante 2022 los medicamentos asociados a la atención de la salud mental fueron los que mayor número de reportes generaron en la plataforma de Cero Desabasto y aún se mantienen este año. A esto se han sumado denuncias de falta de medicamentos por parte de personas que viven con trasplantes, sobre todo en Tlaxcala y Puebla.
En ese contexto, para la compra de medicamentos de este año, recordó Castañeda, aún quedaron claves desiertas, lo cual no quiere decir necesariamente que sean medicamentos que ya no se van a adquirir, pero sí representa un atraso en las licitaciones, pues se hicieron ya empezado el año, en lugar de preverlas con anterioridad, aunado a que no han sido 100% exitosas.
“Mucho se debe al tema de distribución y almacenamiento que hemos estado viendo también en años anteriores; hoy estas unidades tienen que pedir las medicinas, luego las tiene que comprar la Federación y luego las tienen que regresar y lograr distribuir; si hay falla en alguno de estos procesos, ese es el problema”, indicó.
Una batalla que se ha acentuado en los últimos dos años
Rubén Ortega padece diabetes desde hace casi 12 años. Durante ese tiempo, se ha atendido siempre en la clínica 169 del IMSS, en Ocotlán, Jalisco. Durante los primeros 10, casi no detectó retrasos importantes, sobre todo en la administración de insulina. En los últimos dos, sin embargo, ya han ocurrido varias veces.
Para atender este padecimiento, debe recibir mensualmente un esquema de tres medicamentos: insulina intermedia, linagliptina y metformina. La aplicación para controlar la enfermedad es diaria: 30 unidades en la mañana y 30 en la noche, por lo que —teóricamente— le tendrían que expedir y surtir efectivamente una receta para obtener la medicina suficiente para un mes.
La insulina fue el primer medicamento que se empezó a retrasar, recuerda. La última vez tardaron más en surtirle la receta, prácticamente mes y medio después de la fecha de expedición. En tanto, hasta ahora ha acumulado dos recetas de linagliptina que permanecen sin ser surtidas. Rubén ha perdido la cuenta de los retrasos de los últimos años, aunque han sido cuatro o cinco ocasiones cuando ha decidido quejarse formalmente.
En ese camino descubrió que no vale la pena hacerlo en la misma clínica, pues el director o el administrador reciben la queja y supuestamente escalan la información, pero la respuesta es siempre la misma: “Los de abasto no han surtido”. Incluso, en alguna ocasión, que fue mucho más enfático, le enviaron una fotografía para mostrarle que a nivel estatal no había abasto en anaqueles.
“La insulina me la entregaron hace escasos ocho o 10 días, me mandaron mensajes directos (después de reportarla en redes sociales), les di mis datos, les expliqué y siempre contestaba el robot automático ‘no nos podemos comunicar’; de ahí ya no salieron con el tema de la linagliptina, que la tengo que combinar con metformina”, explica.
Al principio, las dos últimas las entregaban combinadas en un solo medicamento. Después, bajo el argumento de que ya no tenían en existencia la linagliptina, se las empezaron a surtir separadas. Desde entonces, han pasado dos meses sin que la hayan vuelto a surtir.
En la clínica, dice, a veces ha percibido molestia por el reclamo ante el desabasto, pero insiste en que las quejas no están dirigidas a los empleados del lugar, sino al área encargada de la distribución de los medicamentos. “Los médicos siguen dando la receta, pero los de la farmacia no la van a entregar si no la tienen en físico, si no les han surtido”, señala Rubén.
“Cada vez que va uno —agrega—, te dicen ‘venga el martes o miércoles de la próxima semana para que la surtan a ver si llega’, y nos hacen ir una y otra y otra vez. Como quiera que sea, yo tengo 56 años, mi esposa 53, pero hay gente muy mayor que no tiene ni cómo moverse, y yo veo que estamos viviendo la misma situación, sobre todo con este tipo de medicamentos que son para enfermedades que sí somos vulnerables”.
Él ha percibido en los últimos dos años falta de sensibilidad e indolencia. Eso, incluso, llega a generar roces entre pacientes y empleados de la clínica, cuando los últimos no son realmente responsables. Además, el IMSS solo contestó y dio seguimiento en contadas ocasiones.
Alguna vez, recuerda, ellos mismos se pusieron en contacto y, como a los 22 días, le entregaron la insulina y la combinación de linagliptina con metformina. Cuando no le surten la receta, Rubén ha tenido que comprar el medicamento por su cuenta, igual que tuvo que hacerlo con los retrasos de insulina, que llega a alcanzar un precio de entre 500 y 800 pesos.
“No son muy baratas que digamos, sobre todo la insulina intermedia, pero no me voy a privar de ponerme mi medicina cuando pueda, ahorita que todavía soy algo productivo y la alcanzo a comprar, pero pensemos en la gente que no”, lamenta.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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