Contrario a lo presumido por el gobierno federal, hay evidencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha intervenido en el proceso rumbo a las elecciones de 2024, descalificando en múltiples ocasiones a la oposición en la conferencia matutina en Palacio Nacional y por otro lado defendiendo la continuidad de su partido en el poder.
Durante lo que va del año la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha aprobado 7 acuerdos de medidas cautelares ordenando a la Presidencia de la República eliminar de las versiones estenográficas y videos de sus conferencias las expresiones electorales del presidente, que en el pasado cuando era opositor justo se quejó de que mandatarios como Vicente Fox interfirieran con los comicios.
En las conferencias que se solicitó modificar, el titular del Ejecutivo ha acusado constantemente que la panista Xóchitl Gálvez es la candidata de la “mafia del poder” y de la oligarquía, y en cambio ha elogiado a los representantes de su partido para sustituirlo en la presidencia.
“Estoy seguro que va a continuar la transformación, que le va a ganar el pueblo a la oligarquía, va a ganar la democracia a la oligarquía”, dijo por ejemplo en la conferencia del 11 de julio.
“Deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes… los que van a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación, al que voy a entregarle el bastón de mando, hombre o mujer, pues van a tener autonomía, van a ser independientes, van a tener sólo como amo al pueblo de México”.
En otra conferencia, del 14 de julio y pese a los llamados del INE para ya no hablar del proceso electoral, López Obrador pidió que se investigaran contratos de sus empresas en administraciones pasadas, e incluso subió un tuit con información fiscal de los negocios de la senadora, que permanece en su cuenta.
Y en la medida cautelar más reciente aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias, se señaló de nueva cuenta al presidente por incurrir en dichos de presunta violencia política de género y de índole electoral en contra de la opositora Xóchitl Gálvez, en las conferencias matutinas del 3 y 7 de agosto.
En ellas insistió en la idea de que “los dueños de México” eligieron a Gálvez como candidata, “la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo”.
De 2020 a la fecha, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha aprobado 22 acuerdos de medidas cautelares en contra del mandatario, por su intromisión con comentarios en el desarrollo de proceso electorales como el del Estado de México este año, ya que en la conferencia del 27 de marzo llamó a aplicar el “plan C”.
Esto, para “que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, si a la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”.
También se registraron medidas cautelares hacia el mandatario por sus comentarios en los procesos de Revocación de Mandato, y las elecciones en 2021.
El 7 de junio pasado, la Sala Superior del Tribunal confirmó un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en la que se amonestó al presidente de la República, por incumplir con la adopción de una medida cautelar, “que consistía en eliminar los extractos de la conferencia mañanera del 27 de marzo”.
Otra resolución importante se dio el 6 de julio pasado, cuando la Sala Regional Especializada del Tribunal ordenó inscribir en la lista de sujetos sancionados por violentar la ley electoral a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.
Y del mismo modo a Martha Jessica Ramírez González, Directora General de Comunicación Digital del Presidente, por opiniones electorales durante el periodo de intercampañas de los procesos electorales locales en el Estado de México y de Coahuila, en el que el presidente hizo un llamado directo a no votar por los “conservadores”.
Un hecho más que involucró un presunto uso irregular de recursos públicos con fines electorales este año fue la difusión en plataformas del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) de biografías y semblanzas de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares y ordenó eliminar de internet en las cuentas del SPR las cápsulas con datos de vida de los aspirantes, al considerar que “pudieran vulnerar los principios de la equidad en la contienda” electoral; al respecto el presidente del SPR, Jenaro Villamil, manifestó su inconformidad y anunció que apelaría.
Además de los dichos del presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, durante este año al menos 11 gobernadores y funcionarios municipales de Morena han sido denunciados ante el INE por presunta utilización indebida de recursos públicos y/o vulneración al principio de imparcialidad, al participar en eventos o hacer proselitismo a favor de los aspirantes del partido guinda a la candidatura presidencial de 2024.
Animal Político reportó que el pasado 25 de julio vehículos oficiales del ayuntamiento de Ecatepec gobernado por el morenista Luis Fernando Vilchis Contreras fueron utilizados para transportar decenas de paquetes de botellas de agua, para las personas que acudirían a una asamblea informativa de Claudia Sheinbaum.
También se ha acreditado el apoyo de alcaldes morenistas de la Ciudad de México a la ex jefa de Gobierno en Gustavo A Madero, Iztapalapa, Xochimilco e Iztacalco.
En cuanto a la capital del país, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE también aprobó medidas cautelares por el caso de espacios públicos de entes de gobierno (del Servicio de Transporte Eléctricos de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México) donde se detectaron al menos 18 pintas con propaganda a favor de Claudia Sheinbaum.
En el caso de Guerrero, el medio Amapola periodismo detectó que las campañas de Sheinbaum y Ebrard son operadas por funcionarios estatales y municipales.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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